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Comunicado de Áltima con respecto a las declaraciones del concejal de presidencia del Ayuntamiento de Barcelona sobre los servicios funerarios

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Comunicado emitido por la empresa Áltima

Ante el anuncio hecho el pasado 29 de enero por el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badía, en relación a los servicios funerarios, Áltima considera que el Ayuntamiento necesita plantear un expediente independiente al que presentó para la creación de la funeraria municipal. Se trata de otro proyecto con sus propias características y condiciones que se tiene que poder conocer en detalle y presentar con todo el rigor, sin vaguedades como hasta ahora. Sólo así se puede hacer una valoración de la viabilidad de este servicio.

Si el Ayuntamiento puede poner en marcha este servicio con todos los datos que se han hecho públicos hasta el momento, no hay duda de que el consistorio estaría actuando con una evidente ventaja competitiva respeto el resto de los operadores. Se tiene que tener en cuenta que:

– Cementiris de Barcelona, que es quien asumiría este tipo de servicios, se beneficia de unas condiciones especiales como empresa pública.

– Cementiris de Barcelona no sólo continuará en situación monopolística como única prestataria de los servicios de cremación en la ciudad, sino que podrá ampliar los servicios en la actividad funeraria, hasta ahora reservada a los operadores que se rigen por las ordenanzas municipales de servicios funerarios.

– Los precios que se están publicando (1.800 € sin sala de velatorio) están por debajo de los costes reales, una práctica comercial de competencia desleal, una muestra más de la ventaja competitiva del consistorio.

– Badia minimiza los gastos a los que se puede incurrir, sirviéndose de instalaciones ya existentes.

– También se ha pronunciado sobre el plazo de 2 años para ejecutar el tanatorio municipal en Barcelona, un margen de tiempo muy por debajo del que tuvo que cumplir Áltima para operar en la ciudad, por ejemplo, o de cualquier trámite urbanístico de este tipo.

En este sentido, la ACCO (Autoridad Catalana de la Competencia) ya emitió un informe alertando sobre los posibles riesgos en términos de competencia que presentaba el proyecto de empresa funeraria municipal del Ayuntamiento de Barcelona y donde pedía ciertos límites para garantizar el principio de neutralidad.

El planteamiento expuesto el pasado lunes en rueda de prensa abre interrogantes a los que Badia no ha dado respuesta precisa, como el de nuevas contrataciones. En este sentido, Áltima puntualiza que para prestar el servicio, el Ayuntamiento se verá obligado a realizar una serie de inversiones para condicionar las instalaciones y dotarse de personal y vehículos para poder cubrir la posible demanda durante las 24 horas en los 365 días del año. Respecto al uso de salas de terceros, de momento no hay ninguna regulación jurídica al respeto, por lo tanto, sólo se puede hacer uso si hay un acuerdo de alquiler entre las dos partes.

Badia tampoco ha especificado la necesidad que tiene el Ayuntamiento de vender su participación del 15% a Serveis Funeraris de Barcelona para poder tirar adelante esta propuesta. Si no se hiciera así, el Ayuntamiento de Barcelona formaría parte del Consejo de Administración de una empresa funeraria, a la cual estaría haciendo la competencia directa desde Cementiris de Barcelona.

Sobre la cuestión del precio, Áltima reitera que el Ayuntamiento continúa manejando información a su conveniencia sin ajustarse a la realidad del mercado. Según los datos de Áltima, el gasto funerario medio de los servicios sin seguro es de 3.800 € (sin IVA), no superior a los 5.000 € como ha indicado el concejal. Hay que recordar que la oferta se adapta a las necesidades de los usuarios, que pueden contratar servicios completos desde 1.800 euros con IVA incluido, tal como ya se mostró en el análisis de facturas que la compañía hizo el año pasado.

En este contexto, y por último, Áltima quiere hacer público que hace más de 7 meses que está manteniendo encuentros con miembros del Ayuntamiento de Barcelona para acordar los criterios que continúen garantizando la cobertura gratuita o bonificada de los servicios funerarios en el marco de las nuevas ordenanzas municipales, puesto que en el caso del sector funerario son las empresas quienes asumen en su totalidad este servicio. Durante este periodo, las empresas de servicios funerarios han compartido información sensible interna con un ejercicio de total transparencia para trabajar conjuntamente la propuesta. Para Áltima, detrás del anuncio de ofrecer servicios funerarios públicos, justo cuando el acuerdo ya se estaba cerrando, hay una maniobra de falta de lealtad y un uso indebido de la información que han estado facilitando las empresas del sector.

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