La AESFC responde a la intención del consistorio barcelonés de crear una empresa funeraria pública

Después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciase el pasado 11 de noviembre su intención de crear una empresa funeraria pública, la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Cataluña, que representa a la mayoría de operadores del sector, ha encargado un informe al bufete de abogados Garrigues para proteger sus instalaciones, según informa Crónica Global de El Español en un artículo publicado hoy, titulado ‘Las funerarias catalanas se blindan contra el Govern’ y que reproducimos a continuación para interés de nuestros lectores.

El objetivo es evitar que la Administración pueda obligarles a abrir las salas de velatorio de sus instalaciones a otras compañías que quieran hacerle la competencia.  “La tesis que sostienen es sencilla. España liberalizó los servicios funerarios en 1996. Después, en 2009, la Unión Europea obligó a los estados miembros a eliminar las barreras de entrada al mercado. Pero soslayó un detalle: muchas empresas han invertido grandes cantidades en tanatorios. Si ceden sus instalaciones a terceros operadores, ¿cómo amortizarán sus inversiones?“, pregunta un directivo del sector.

La inquietud ha llevado al gremio a buscar apoyo en el prestigioso gabinete legal Garrigues. “Han encargado un informe en profundidad que desgrane el menoscabo que les provocará la apertura forzosa de sus instalaciones“, agrega la misma fuente.

Preguntado sobre la iniciativa, el director general de una funeraria comarcal arroja más luz. “Se ha encargado un estudio desde el gremio, sí. Es una respuesta a la intención de la Generalitat de reformar la Ley de Servicios Funerarios 2/1997“, explica el gerente. “Hasta 1996, los municipios tenían el monopolio del servicio. A partir de aquel momento empezó la liberalización en España. Entraron muchos operadores en el mercado. Ahora se pretende que estas empresas comprometan las inversiones que hicieron para cubrir la demanda de quien no ha hecho esa inversión.”

Reforma legal

La intención viene de una doble vía: las modificaciones de las ordenanzas municipales y la de la ley marco autonómica. Por un lado, los ayuntamientos están modificando ordenanzas para eliminar las restricciones en el sector. El último en hacerlo será El Prat de Llobregat (Barcelona), que prepara una batería de medidas que dañarán necesariamente la concesión que tiene Áltima en el municipio.

Aun así, la adecuación de las normativas municipales es un caso extraño. “La mayoría de los más de 900 municipios de Cataluña aún no ha actualizado sus ordenanzas“, explica una fuente del sector. Uno de los gobiernos locales que ha anunciado cambios es el de Barcelona.

En la actualidad, las funerarias sólo están obligadas a ceder sus tanatorios allí donde las ordenanzas están actualizadas. “La industria funciona a base de pactos. Normalmente, se abren la salas de los velatorios a terceras empresas, pero no siempre es así“, lamenta un directivo de otra firma.

Por otro, una reforma de la ley autonómica de 1997 eliminaría esas trabas. Un cambio de normativa que dañe las inversiones y la seguridad jurídica es lo que más temen las empresas que ahora gestionan el ciclo de la muerte en Cataluña.

Ver artículo ‘Las funerarias catalanas se blindan contra el Govern’

Ver noticia sobre ‘Principales recomendaciones de la ACCO (Autoridad Catalana de la Competencia) en el mercado de los servicios funerarios en Catalunya’