En Valencia, así como en otras provincias españolas, la legislación no define el tiempo máximo que deben permanecer bajo disposición judicial los cuerpos que se encuentran bajo custodia, según informaba ayer el periódico Las Provincias.
Concretamente, en la capital valenciana hay 22 fallecidos que todavía no han podido ser enterrados. De ellos, 12 permanecen en las cámaras del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML) y otros 10 están en dependencias del tanatorio municipal reservadas a cuerpos bajo custodia judicial. “Este problema aparece en cuerpos en avanzado estado de descomposición, esqueletizados o fallecidos sin documentación, especialmente aquellos extranjeros muertos en soledad, españoles sin arraigo o personas en la indigencia”, afirma el rotativo valenciano. En los casos de finados sin identificación, se extraen muestras de ADN para cotejar con un familiar en caso de que aparezca. Pero si pasa el tiempo y no hay ningún pariente con quien comparar el código genético resulta imposible poner nombre al difunto. Y es precisamente en este punto cuando el proceso se ralentiza, en especial en ciudades como Valencia, donde la falta de certificación de la máquina del IML para cotejos de ADN en investigación criminal hace que muchas de estas comparaciones tengan que enviarse a laboratorios de Barcelona. Esto supone retrasos de unos cuatro meses hasta que se confirma la identidad de la persona fallecida.
Las mayores tardanzas se producen con los finados a los que se ha podido identificar y se ha aclarado la causa de su muerte pero no hay manera de encontrar a sus familiares o éstos no quieren hacerse cargo del cuerpo.
Para que la estancia de los cadáveres en cámaras no se haga eterna, y en un intento por agilizar el proceso, el IML manda oficios cada tres meses a los juzgados recordando la situación de los cuerpos.