La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, inauguraba el pasado 11 de diciembre la ‘Jornada de debate sobre la eutanasia’, organizada por el Colegio de Médicos de Madrid, en el marco de la cual defendió de manera rotunda la necesidad de regular la eutanasia. “La condición humana es inseparable de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y, finalmente, la muerte. La práctica médica empieza por aceptar la finitud humana, siendo el paciente la razón de ser del sistema sanitario y sus profesionales, por lo que debe ser tratado como un ser humano, no como una enfermedad.”
En este sentido, Carcedo recordó que hay personas que se enfrentan a situaciones vitales con un pronóstico irreversible de muerte. “Son situaciones que no tienen posibilidad de mejora si no es a cambio de prolongar y exacerbar el sufrimiento, en este caso el Gobierno tiene el deber de ponerse en el lugar del otro”.
Es por este motivo que la ministra aboga por una ley que reconozca un nuevo derecho subjetivo: el derecho de los pacientes a poner fin a una situación de gran sufrimiento. “La muerte es parte de la vida y de la misma manera que tenemos leyes que amparan vivir de una manera digna, también debemos tener leyes que amparen una forma de morir más humana y más libre”, argumentó. Asimismo, el ejercicio de este derecho debe ser fruto de una decisión personal, consciente, informada, meditada, mantenida en el tiempo y libre de cualquier presión, ya sea económica, social y familiar.
La Constitución Española protege el derecho fundamental a la vida en su artículo 15, pero no lo protege a costa de la dignidad de las personas, como explica el artículo 10. “Es precisamente la propia persona la que en ejercicio de su libertad y autonomía, proyectando sus propios valores y creencias, puede decidir cuándo prolongar su vida va más allá de su capacidad de hacer frente al sufrimiento”.
A ello añadió que “es necesario despenalizar la ayuda prestada para morir y legislar para preservar que la decisión es autónoma, libre y justificada por la situación de padecimiento de la persona”. Por otro lado, avanzó que la futura ley de eutanasia deberá regular el ejercicio de este derecho como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y para ello “es imprescindible el compromiso y el apoyo de los profesionales que forman parte del SNS”. Recordar que el proyecto de ley de eutanasia se ha tramitado en dos ocasiones en el Parlamento, pero la disolución de las Cortes lo hizo decaer, provocando que las esperanzas de la ciudadanía en este tema considerado tan importante se vieran frustradas. Y es que, según datos del CIS de hace 10 años, la legalización de la eutanasia obtenía el apoyo de casi el 60%, un apoyo aún mayor en la actualidad, llegando al 80%, acorde a varios sondeos realizados.
Junto al avance en la regulación de este nuevo derecho, la ministra también ha apostado por garantizar el derecho y acceso efectivo a los cuidados paliativos: “Se debe continuar trabajando para lograr una ley básica estatal que extienda este derecho”.