La recogida y el traslado de un cadáver al que se le tiene que realizar una autopsia por orden judicial se llevará a cabo, a partir de ahora, siguiendo unas pautas que garanticen su custodia y unos requisitos que exigen los técnicos forenses. Para ello, el Ejecutivo autonómico ha firmado un convenio con la Asociación Regional de Funerarias de Aragón, según se informa en un comunicado de ayer miércoles, 18 de marzo, en www.aragonhoy.net.
Se fijan así los pasos que tendrán que seguir siempre en todos los puntos en los que haya un cadáver al que se le tenga que practicar una prueba de autopsia por mandato judicial. El objetivo es garantizar la profesionalidad del servicio.
Se habilitará un teléfono único de guardia para recibir la información, el médico forense, por tanto, deberá ayudar al juez a decidir el lugar donde se debe trasladar el cuerpo, donde se deberá garantizar que existen los medios materiales y técnicos necesarios y seguros para este tipo de pruebas, se transportará en un lugar refrigerado, el servicio será gratuito y se evitará que se prolongue en el tiempo, para evitar un mayor dolor a familiares y allegados. Lo que se pretende es garantizar que no se contaminan las pruebas que pudieran existir en los casos investigados judicialmente y ganar en rapidez y transparencia en todo el proceso.
En Zaragoza capital lo seguirá realizando la Sangre de Cristo – la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia-. Ahora se regula esto para el resto de la Comunidad, mediante un acuerdo entre el Gobierno autonómico y la Asociación Regional de Funerarias de Aragón. Aproximadamente, al año, se realizan unos 300 traslados de este tipo.
Este protocolo científico ha sido desarrollado por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, cuya misión es auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio.
El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) es un servicio científico-técnico altamente especializado, dependiente de la Dirección General de Administración de Justicia del Gobierno de Aragón, cuya labor ha sido objeto de reconocimientos nacionales e internacionales.