El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobaba ayer martes, 7 de abril, una moción para financiar los servicios funerarios a las familias empadronadas en la ciudad que no tengan recursos económicos suficientes para pagar el sepelio, según una información publicada en www.elnortedecastilla.es/.
El equipo de gobierno, que se ha basado en el sistema que se aplica en los cementerios municipales de la capital de España, ha asumido la petición tras matizarla en algunos términos para que esta ayuda no sea un coladero y algunos intenten ahorrarse el coste de las exequias a costa de las arcas públicas.
Actualmente, el Ayuntamiento, a través de la empresa mixta Nevasa, ya asume los entierros de las personas en caso de «indigencia acreditada», aquellos que subsisten en la calle sin ningún tipo de ingreso y que no tienen familia que responda por ellos. Según la información facilitada por la firma funeraria municipal, de estos casos se registran entre seis y diez al año.
NEVASA, Necrópolis de Valladolid, S.A. es la empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valladolid, que gestiona los Cementerios Municipales de El Carmen, Las Contiendas y Puente Duero, además de ser también la FUNERARIA MUNICIPAL, prestando a los ciudadanos de Valladolid un servicio funerario de alta calidad y a unos precios ajustados.
Ahora de trata de ayudar a las familias que sin vivir en la indigencia no cuentan con capacidad suficiente para asumir el gasto del entierro. Cabe recordar que el precio de un sepelio con Nevasa en algunos de los tres cementerios municipales -El Carmen, Puente Duero o Contiendas- tiene un coste de 2.161,87 euros si se contrata con antelación el Plan Prevenir, una cantidad que sube hasta los 3.200 si no se utiliza este forma de compra anticipada.
Según recoge la moción, para ser beneficiario de la ayuda municipal el difunto no debe contar con medios económicos suficientes, entendiendo por este concepto que perciba una cantidad igual o menor, en la fecha del óbito, a la pensión no contributiva (366,90 euros al mes). Tampoco debe disponer de capital mobiliario o en metálico para hacer frente a los gastos del entierro, ni tener cubierto el sepelio por cofradías, empresas o entidades aseguradoras. Si el finado tiene familiares obligados a abonar el entierro, tal y como obliga el Código Civil, para beneficiarse de la ayuda estos no deben contar con recursos económicos suficientes. Así, será condición que perciban una cantidad igual o menor, en la fecha de la muerte, de una renta mensual “per cápita” inferior al doble del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Para calcularla se dividirá el total de los ingresos anuales de la unidad familiar entre el número de miembros de la misma y cuando sea una sola persona se dividirá entre 1,5. No obstante, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará una normativa sobre la concesión de estas ayudas antes de que finalice del presente mandato.
Servicio básico El servicio que se ofrecerá a estos difuntos será el básico e incluirá un féretro ordinario de gama media en el caso de que quiera ser inhumado, además de un espacio en alguno de los camposantos municipales. También se contempla la posibilidad de la incineración. En ese caso, se financiará también la urna, pero no el espacio para depositarla. La familia deberá llevarse las cenizas. Además, se incluyen todos los gastos de tramitación administrativa, así como los traslados en el coche fúnebre. Las flores, los recordatorios o la esquela no entrarán en la financiación municipal. Lo que ofrecerá el Consistorio de forma gratuita tendría un coste de venta el público que oscila entre los 2.737 y los 3.418 euros, en el caso de que se opte un nicho reservado por un periodo de cinco años. Estos servicios de carácter social se contratarán mediante un concurso público.
El Ayuntamiento se ha fijado en el Consistorio de Madrid para elaborar esta nueva medida. En la capital de España cada año entre 80 y 100 personas se benefician de los servicios funerarios de carácter social. Las estimaciones en Valladolid es que a estas ayudas se acojan anualmente unas diez familias. El crédito que se consigna para hacer frente a estos gastos será de 30.000 euros, aunque no se descartaría aumentarlo en el caso de que la demanda sea mayor y los peticionarios, por supuesto, cumplan con las condiciones.