El IMLCFC finaliza su proceso de racionalización de los servicios de patología forense
Con el traslado del Centro de Patología Forense de Collserola finaliza el proceso de racionalización de la práctica de las autopsias judiciales de la División de Catalunya Central y Barcelona Norte. Ahora todas las autopsias de estas áreas se harán en el Centro de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC), en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana, según informa la web de la Generalitat de Catalunya.
El Reglamento del IMLCFC establece la creación de centros especializados en patología forense que concentren los recursos y medios más avanzados en esta materia, alta tecnología, radiología digital, laboratorio de histopatología, y unifiquen la práctica de las autopsias judiciales. De este modo, las autopsias judiciales se harán a partir de ahora en los centros de patología forense de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y las Terres de l’Ebre.
Este hecho supone una mejora de la calidad de la actividad médica y ofrece la oportunidad de participar en estudios de tipo científico (suicidios, muerte súbita, etc.), en la armonización y protocolización de la práctica de las autopsias, funciones de vigilancia (muertes por golpes de calor, muertes infantiles, mortalidad por drogas de abuso, entre otros), control estadístico y registro centralizado de datos.
También se ahorra en el gasto público y se consigue un servicio sin coste para los ciudadanos que tienen algún familiar víctima de una muerte en causa judicial, un mayor control de la actividad y un menor riesgo de accidentes del personal por el hecho de trabajar en centros cualificados.
En la demarcación de Barcelona el año pasado se practicaron 2.293 autopsias, 3414 en toda Cataluña. En la sede del ILMCFC está previsto un incremento anual alrededor de 300 autopsias, aproximadamente hasta llegar a las 2.500 autopsias por año.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las autopsias médico-forenses se practicarán en todos los casos de muerte por causa violenta y en aquellos en que haya sospecha de criminalidad. Estos últimos corresponden habitualmente a muertes súbitas o muertes naturales no certificadas por los médicos asistenciales.
