Galicia regula la apertura de cementerios de mascotas
El pasado jueves el Gobierno gallego dio luz verde al decreto que regula la eliminación de los subproductos animales no destinados al consumo humano. Esta nueva normativa permite que los dueños de mascotas u otras especies de compañía entierren sus restos en sus fincas privadas, con lo que se elimina la obligación de trasladar los cadáveres a centros de destrucción autorizados, según informa el diario La Voz de Galicia.
El decreto también abre la puerta, por vez primera, a la prestación de este servicio por parte de terceros, lo que permitirá el funcionamiento de los cementerios de mascotas, un servicio hasta ahora recogido por la normativa europea, pero que no estaba desarrollado en la legislación autonómica. Según consta en el decreto aprobado por el Consello de la Xunta, la empresa deberá contar con una parcela autorizada por el ayuntamiento y comprometerse a garantizar el sellado de las fosas.
Los particulares que decidan enterrar en su finca sus animales de compañía para darles un trato acorde con sus lazos afectivos, tal y como se refleja en la regulación, también deberán cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de los perros se deberá desactivar el chip para poder dar de baja al animal en el registro; la finca puede ser propiedad del dueño de la mascota o de un tercero que lo autorice. También existen unas limitaciones rigurosas respecto a las distancias. El animal deberá recibir sepultura, al menos, a 250 metros de las captaciones de agua potable y a 50 metros de cualquier curso de agua; el particular que procede a efectuar el enterramiento está también obligado a echar cal y, sobre todo, garantizar la profundidad necesaria en la sepultura para evitar que aparezcan animales carroñeros.
Recordar que los subproductos animales no destinados a consumo humano representan un riesgo potencial para la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente. Debido a diversas alertas alimentarias, como fue la crisis conocida como de las vacas locas, la Unión Europea se dotó de una legislación en materia de seguridad alimentaria, que se basó, fundamentalmente, en evitar el desvío de estos subproductos a la cadena alimentaria humana o animal; el decreto autonómico desarrolla precisamente esta normativa europea.
