La batalla abierta por empresas funerarias gallegas contra numerosos párrocos de toda la comunidad por negarse a justificar el cobro de sus oficios en entierros y funerales o rechazar pagos por dichos servicios mediante transferencia o cheques, ha llegado a los juzgados, según informa La Voz de Galicia.
Varias firmas de decesos de la provincia de Pontevedra han interpuesto demandas contra diversas parroquias dependientes del arzobispado de Santiago por negarse a aceptar cualquier otro medio de pago que no sea en metálico y no emitir además recibos fiscalmente válidos de los cobros. Los importes generados por numerosos curas por conceptos como levantamiento de cadáver, conducción al cementerio, asistencia al acto fúnebre, aplicación de misa y uso del templo están siendo consignados por ello en diversos juzgados gallegos por parte de las funerarias, al no conseguir que los párrocos justifiquen los cobros o admitan recibirlos a través de bancos, según hacen constar las empresas de decesos en sus demandas.
Las compañías han remitido a obispados como Vigo-Tui o al arzobispado compostelano burofaxes con fotocopias de cheques que aseguran haber intentado pagar a varios sacerdotes, sin haberlo logrado ante la negativa de los curas a recibirlos o a emitir justificantes. La recepción de dichos requerimientos y la pugna abierta desde junio pasado ha sido resuelta desde la vicaría general de Santiago instando a las funerarias a ingresar en la cuenta del arzobispado la tasa correspondiente al uso del templo, denominado derecho de fábrica y cuyo precio es de 25 euros por funeral o entierro. “Lo demás son ingresos personales de los agentes intervinientes”, indica el órgano eclesiástico instando a las firmas de decesos a que lleguen por su parte a acuerdos en cada caso con párrocos, sacerdotes acompañantes, sacristanes, organistas y otros siguiendo la tabla de precios actualizada por la provincia eclesiástica de Santiago en marzo del año pasado.
Sin embargo, el obispado de Tui-Vigo, así como numerosos párrocos de varias iglesias en nombre del arzobispado compostelano, están certificando los pagos hechos por las funerarias como si fueran donaciones e indican además a las compañías que pueden obtener beneficios fiscales, a pesar de ser dichas empresas intermediarias de pagos de sus asociados en concepto de la atención en entierros y funerales. Dichos justificantes contemplan además el importe íntegro de los servicios, y no únicamente los referentes al uso del templo, como determinó en su escrito el vicario general compostelano.
Los justificantes acumulados por las funerarias por decenas no hacen referencia a los precios aplicados en función de la tabla aprobada por las diócesis gallegas. Recalcan los recibos, eso sí, el carácter de entidad no lucrativa de la Iglesia, no sujeta a retenciones ni aplicaciones de impuestos como el IVA, pero eludiendo que dicho pago se hace como contraprestación de un servicio y no como una mera donación.
Las funerarias aseguran que si hasta el año pasado era muy importante el número de curas que solo querían cobrar en metálico o no dar justificantes, el porcentaje se ha disparado desde que en junio pasado, el arzobispado señalase que es cada sacerdote, en caso de no haber acuerdo, quien determina el método de pago. El vicario general invoca el Código Civil para respaldar dicha decisión, advirtiendo de que tendrán que ser las familias las que se pongan de acuerdo con el párroco si no hay un entendimiento con las funerarias. Las empresas de decesos mantienen un criterio totalmente contrario y así se lo han hecho ver ya en todas las demandas presentadas en los juzgados.
Fuente: La Voz de Galicia