Malestar en el sector catalán ante la licitación de transporte funerario judicial

La Generalitat de Catalunya tiene atascada la licitación del servicio de transporte funerario judicial. Las bases del concurso, que depende del departamento de Justicia, han causado un fuerte malestar a las empresas del sector. Su principal queja es que las exigencias de los pliegos no tienen en cuenta criterios profesionales, según informa Economía Digital.

Las adjudicaciones se resuelven o bien por pequeños detalles -como el número de trabajadores con discapacidad de cada firma -o por sorteo. Varias compañías han impugnado el proceso administrativo. “Es una situación atípica, es un concurso donde no priman criterios profesionales”, denuncian fuentes del sector.

Los criterios de evaluación que se recogen en las bases señalan que el 80% de la puntuación se fija por el precio de la oferta. El mínimo que se estipula por servicio es un euro y el máximo en 6,61. Todas las compañías han presentado ofertas por el mínimo establecido. El 20% restante se decide por el número de sedes con más de un año en funcionamiento.

El resultado de la licitación es que muchas empresas han empatado en los principales criterios. Para romper las tablas, los pliegos fijan criterios adicionales: número de trabajadores con discapacidad y número de trabajadores con discapacidad con contrato fijo. Si finalmente se vuelve a registrar un empate, el concurso se resuelve por sorteo. Otra de las quejas de las empresas del sector es que la Generalitat ha dividido el concurso en lotes demasiado grandes. En total, siete: Barcelona y Hospitalet; Barcelona comarcas norte y centro: Barcelona comarcas sur; Lleida; Girona; Tarragona; y Tierras del Ebro.

Las citadas fuentes comentan que la Generalitat podría haber realizado limitaciones más cortas, cosa que contentaría tanto a los grandes actores del sector como a pymes. “En otros puntos de España se realizan adjudicaciones rotatorias”, añaden. Por ahora, la Generalitat tan sólo ha mostrado las puntuaciones provisionales.

El concurso está parado y la apertura de plicas se produjo el 21 de enero y desde entonces no se ha tomado ninguna decisión. Las impugnaciones no permiten al Govern tomar una decisión. La vía judicial también tiene cabida en este conflicto. Mémora, uno de los grandes operadores en Cataluña, ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.