Funespaña acude a los tribunales ante la remunicipalización de la funeraria de Madrid
Tras la ratificación del Pleno del Ayuntamiento de modificar la forma de gestión de los Servicios Funerarios y Cementerios, así como la creación de una empresa de capital íntegramente municipal a partir del próximo mes de septiembre, cuando concluya la concesión de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, Funespaña, empresa que cuenta con un 49% de las acciones, ha impugnado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid un acuerdo del consejo de administración de la funeraria madrileña por el que esta aprobó en febrero pasado aceptar un informe técnico sobre el estado de los cementerios madrileños, según informa www.eldiario.es.
El informe certificaba falta de mantenimiento de las instalaciones y cifraba en 23.8 millones de euros las inversiones necesarias para su rehabilitación. Funespaña, por su parte, considera que este dictamen contiene importantes errores. La demanda de impugnación fue admitida por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid el pasado 18 de mayo, según ha informado Funespaña en un escrito publicado en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El estudio resultante del acuerdo, llevado a los tribunales ‘por su carácter lesivo para el interés social’, adolece, según Funespaña, de importantes errores de bulto en perjuicio de la EMSFM tales como repetir partidas como las de mobiliario público, incluir un exceso evidente de metros cuadrados a asfaltar, computar obras necesarias sin tener en cuenta el estado de los edificios e instalaciones en el momento de la concesión, que en algunos casos era ya de grave deterioro e incluso ruina, y no distinguir entre lo que resulta mejorable de lo que es obligatorio durante el periodo de la concesión.
Por ello, Funespaña ha propuesto encargar un nuevo informe a un experto independiente tanto al Ayuntamiento como a Funespaña. La empresa asegura haber ‘cumplido con creces con el presupuesto de inversiones al que venía contractualmente obligada’ y considera que existe una evidente situación de conflicto de intereses en los consejeros designados por el consistorio en la EMSFM.
